La constitución de la república de El Salvador establece que la pena privativa de libertad tiene como función "corregir a los delincuentes, educarlos y formarles hábitos de trabajo, procurando su readaptación y la prevención de los delitos", atribución encomendada al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y realizada a través de la Dirección General de Centros Penales.